José Luis Garcia Herrero
Defiéndame usted
La figura de Defensor del Pueblo tiene su origen mundial en la Constitución sueca de 1809; Finlandia en 1920; Noruega, Dinamarca y otros tras la Segunda Guerra Mundial; España en la Constitución de 1978. Después, con varios nombres, en los estatutos de autonomía: en Castilla y León desde 1994 como Procurador del Común. Aunque se supone que en democracias con los tres poderes de Montesquieu a punto no haría falta ni Defensor ni Procurador, ahí están. Su teórica misión es defender los derechos del ciudadano ante abusos de la representación del estado. En la práctica sus escasas competencias le impiden sancionar a la administración que ignore sus requerimientos. Además de su propia dejadez, no llevando por vía penal los actos de instituciones que entorpecen o se niegan a colaborar con el Común.
Un vecino -ojo, que no yo- en un jardín público. Un policía le denuncia por una cagarruta que él supone de la vieja perrita que acompaña al ciudadano: lo niega. Llega la anunciada multa, reclama por escrito: a pagar. Escribe al Procurador del Común. El Procurador informa al vecino y dice al Ayuntamiento, con gran aparato documental y jurídico, que la multa es nula por no ser competencia municipal ese caso. El Procurador, días después, comunica al pagano que el Ayuntamiento se llama a andana. Fin de la triste historia del cándido señor y su vieja perrita, ya fallecida: libre para hacer caca en un cielo de perros sin policías ojo avizor.
Esta incapacidad ejecutiva del procurador no impide que cada año los bercianos presenten cientos de reclamaciones. Pero como explica la oficina del Común, la falta de colaboración de los ayuntamientos entorpece la mitad de los casos; a veces ni contestan, y los requerimientos del Procurador ‘terminan olvidados en algún cajón’. ¿Quedará del cajón en el fondo oscuro, silencioso y cubierto de polvo, el alegato presentado por el Psoe al Procurador del Común sobre las incumplidas sentencias del Tribunal Superior en el desarrollo de La Rosaleda? ¿También en el mismo cajón el dilatado y confuso caso de la inédita Discoteca Öxi? ¿Acaso estará en ese cajón la denuncia de obras sin licencia del Rosal, Carrefour o como se llame?
Y uno que pensaba acudir a tan importante figura para que nos defendiera de los blindajes de oro de grandes ejecutivos. Por ejemplo: de Telefónica, Endesa, Repsol, Banco Santander, Bilbao, etcétera. Igualmente de los belicosos episcopales y adláteres políticos; de concejales de urbanismo; del exceso de metros cuadrados ocupados por las grandes superficies; de la nueva derecha casi extrema; de Pongesur, el mal ambiente, el ruido, las corrupciones y cosas así. En fin de casi todo. Incluso de programas electorales por venir. A propósito: si el presidente del Comarcal llega a ocupar la alcaldía de Ponferrada: ¿Cuántas competencias municipales cedería al Consejo? A saber.
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