Friday, November 06, 2009

LA LEY DEL TALIÓN

Estamos tan acostumbrados a leer y escuchar lo que cuenta la prensa escrita y hablada, que uno llega a pensar si no tendrán esos medios el don de la ciencia infusa y acaso el monopolio de la crítica político-social. Al contrario, a veces una inteligente carta de los lectores toca a rebato, pide nuestra atención y nos cuenta con palabras sencillas, sin retórica al uso, que en Estados Unidos un hombre condenado a muerte en 1992 y ejecutado en 2004 ha sido declarado inocente en 2009. Se llamaba Todd Willingham, ejecutado mediante inyección letal en Texas, añado yo. Pregunta el autor de la carta: “¿Qué tendríamos que hacer con un juez que ha condenado a un inocente a muerte? ¿Y con los abogados, con la sociedad que permite esto? ¿No hemos aprendido nada?” El poeta inglés John Donne, allá por el 1600, dijo algo así: “Porque soy una parte de la humanidad, la muerte de cualquiera me disminuye; por eso no preguntes por quién doblan las campanas: doblan por ti”. Sin embargo, la sociedad adormecida y manipulada ha terminado por habituarse al tañido lúgubre de tanta campana funeraria: por la guerra, por el hambre, por la pena de muerte.
Por esto es necesario recordar una vez más las avanzadas corrientes criminológicas, que se orientan desde hace cien años a que la pena impuesta persigue el castigo, pero también la rehabilitación del delincuente y su reinserción social. Pues lo irrevocable de la muerte, además de impedir la rectificación de posibles errores judiciales, bloquea otros medios de prevención y aplicación de sanciones acordes con la gravedad del delito. El Estado tiene la obligación de proteger la vida, los derechos humanos y el ejercicio de legítima defensa de la sociedad, pero con esa salvaje Ley del Talión entra en absoluta contradicción, igualándose con todos aquellos que vulneran la vida. Pese a esto, aumenta en algunos ultra-sectores de la sociedad globalizada la opción a favor de la pena de muerte, con el argumento de su ejemplaridad, aunque todas las estadísticas demuestran que su abolición no incrementa la delincuencia, que es un producto más de estructuras sociales injustas. El fenómeno criminal no lo resuelve la pena de muerte, un sistema ajeno al más vital de todos los derechos humanos. Por eso el Estado no tiene, bajo ningún supuesto de protección del orden social, el derecho de matar a un ciudadano.

José Luis García Herrero es sociólogo
La Crónica de León, 27-10-2009

ENTRETELAS POLÍTICAS


El procedimiento de adjudicación de contratos del sector público requiere determinados requisitos legales, sobre todo si la cosa a licitar es de tanto pastón que exige anuncio de información previa y ajuste a la Ley de Contratos del Sector Público. Pero qué hacer, por ejemplo, si se quiere adjudicar el asunto a una empresa de amigos sin llamar mucho la atención. Muy fácil: se fragmenta, se fracciona la primera parte de la parte contratante en otra primera parte de otra parte contratante y esta en tantas otras partes contratantes como sea preciso para que valga contratar a dedo cada una de las partes, sin anuncios y sin trabas. Y ya está.
Otro ejemplo, En caso de que la ley -que es muy puñetera y entrometida- exija antes de contratar realizar un serio estudio científico y Declaración de Impacto Ambiental (eso que sirve para dejar en paz a bichos, paisajes y espacios protegidos de todo tipo, especialmente volanderos, acuáticos y terrestres en peligro de extinción) ¿qué hacer para eludir una posible declaración negativa, impidiendo que los amigos y parientes se pongan las botas industriales llamadas sostenibles para disimular, aunque fastidien algún que otro paisaje y animal? Muy sencillo. Se sigue al pie de la letra la división en parcelas de poca monta, de tal forma que no requieran declaración porque su impacto ambiental es pequeño y sostenible; además de esencial para salir de la crisis y vivir en prosperidad. Sobre todo para los amos de la cosa.
Más aún. Los partidos que juegan a ser alternativa -aunque en realidad sea alternancia de poder con matices de color- hace varios años que pudiendo prometer, prometieron y firmaron, una especie de pacto para no pisarse la manguera municipal del transfuguismo, que es una de las muchas formas de hacer trampas con la Ley Electoral -ya de por sí bastante tramposa- y con una Constitución que nunca termina de cumplirse. Pero sin casi decir esta boca es mía, se birlan unos a otros los concejales, alcaldes y lo que haga falta. El caso es okupar la santa casa consistorial, asientos curules y vara de mandar, sin olvidar la paga y otros momios que ayudan a pasar el duro oficio de servicio a la Patria: sea grande, chica o comarcal.
En fin, que desde espías de cine negro a conspiraciones conspiranoicas, pasando por teléfonos pinchados, tramas y corrupciones, es el cuento de nunca acabar.


José Luis García Herrero es sociólogo
La Crónica de León, 13-10-2009