Jose Luis Garcia Herrero
Ahora que el Tribunal Supremo ha ratificado la nulidad del antes llamado PAU1, sector 3, y por fin la Rosaleda, queda demostrado aquello que escribí en anteriores y sucesivos artículos sobre la política urbanística que ha realizado el Ayuntamiento, desautorizada por el Alto Tribunal que desestima todos y cada uno de los recursos de casación, cuya finalidad no era otra que retrasar la sentencia condenatoria que ahora se hace pública. Porque, al contrario de lo que ha realizado la Corporación Ponferradina, la planificación urbana científica y democrática ha de partir al menos de cinco variables: mejora del espacio urbano, necesidades de la población, evitar prácticas especulativas, contar con los agentes sociales, y constante transparencia de actuaciones. Ninguna de estas consideraciones ha sido tenida en cuenta, ya que los fines son políticos, financieros o algo peor, y siempre tras la mascarada instrumental de agentes como Pongesur. El argumento habitual es que debido a la escasez de suelo edificable con su liberalización se abarataría, y por ende, sería menor el precio de la vivienda. Claro está que la conclusión es más falsa que un billete de 3.000 euros, pues en el mercado urbanístico no juega oferta y demanda al estar gran parte del espacio físico y económico en poder de capital financiero, quedando la vivienda más como valor de cambio que de uso. Ese ámbito tiene mucho de especulativo, poco de urbano y menos de social. Y las consecuencias jurídicas, inevitables. Pues, como dijo aquel: Montesquieu ha muerto. Al amparo de este supuesto el resultado está a la vista en todo el País. A pesar de sentencias como la del Alto Tribunal, el precio de la vivienda en Ponferrada sigue aumentando, especialmente en zonas de más valor comercial, donde una vez producida la vulneración el asunto queda sin posible arreglo. Entre tanto los responsables salen “de rositas” con un vigoroso “corte de mangas” a los ciudadanos, a los que le ha sido hurtado parte de su patrimonio a base de poner en el mercado más casas de las necesarias, y hasta un rascacielos: ejemplo de soberbia necedad y torpe arquitectura. Pretendiendo de este modo competir en un mercado de viviendas, alturas y grandes superficies comerciales. Así, sin más consecuencias, tan panchos hasta las próximas elecciones municipales. Todo sigue igual.
Ahora que el Tribunal Supremo ha ratificado la nulidad del antes llamado PAU1, sector 3, y por fin la Rosaleda, queda demostrado aquello que escribí en anteriores y sucesivos artículos sobre la política urbanística que ha realizado el Ayuntamiento, desautorizada por el Alto Tribunal que desestima todos y cada uno de los recursos de casación, cuya finalidad no era otra que retrasar la sentencia condenatoria que ahora se hace pública. Porque, al contrario de lo que ha realizado la Corporación Ponferradina, la planificación urbana científica y democrática ha de partir al menos de cinco variables: mejora del espacio urbano, necesidades de la población, evitar prácticas especulativas, contar con los agentes sociales, y constante transparencia de actuaciones. Ninguna de estas consideraciones ha sido tenida en cuenta, ya que los fines son políticos, financieros o algo peor, y siempre tras la mascarada instrumental de agentes como Pongesur. El argumento habitual es que debido a la escasez de suelo edificable con su liberalización se abarataría, y por ende, sería menor el precio de la vivienda. Claro está que la conclusión es más falsa que un billete de 3.000 euros, pues en el mercado urbanístico no juega oferta y demanda al estar gran parte del espacio físico y económico en poder de capital financiero, quedando la vivienda más como valor de cambio que de uso. Ese ámbito tiene mucho de especulativo, poco de urbano y menos de social. Y las consecuencias jurídicas, inevitables. Pues, como dijo aquel: Montesquieu ha muerto. Al amparo de este supuesto el resultado está a la vista en todo el País. A pesar de sentencias como la del Alto Tribunal, el precio de la vivienda en Ponferrada sigue aumentando, especialmente en zonas de más valor comercial, donde una vez producida la vulneración el asunto queda sin posible arreglo. Entre tanto los responsables salen “de rositas” con un vigoroso “corte de mangas” a los ciudadanos, a los que le ha sido hurtado parte de su patrimonio a base de poner en el mercado más casas de las necesarias, y hasta un rascacielos: ejemplo de soberbia necedad y torpe arquitectura. Pretendiendo de este modo competir en un mercado de viviendas, alturas y grandes superficies comerciales. Así, sin más consecuencias, tan panchos hasta las próximas elecciones municipales. Todo sigue igual.
No comments:
Post a Comment