José Luis García Herrero
Primero, con los socialistas en el gobierno municipal, se llamó PAU1. Luego, Sector 3 y en seguida empezaron a negociar con Caja España, (por entonces se llamaba de otra manera y era la propietaria). Debido a complicados y oscuros manejos financieros el plan entre unos y otros era construir cerca de tres mil viviendas además de los Sistemas Generales obligatorios y del suelo que quedaría de propiedad municipal con destino a viviendas VPO. Pero no contaban que el juego electoral iba a cambiar planes y destino entre la entidad financiera y la política. En ese momento inicial de la oscura historia del PAU1, la todavía oposición del PP cuestionaba los planes del PSOE, manifestando a grito pelado que ese desarrollo urbanístico sería la ruina de Ponferrada y de su pequeño comercio tradicional. Por unos motivos u otros el asunto quedó varios meses en barbecho, hasta que de pronto, y contra todo pronóstico el que era total enemigo del proyecto, pasó a ser su ardiente defensor, ya con otro alcalde y otro equipo afín a sus tesis. El caso es que para desarrollarlo con total rentabilidad financiera, la propiedad del suelo, por arte de magia, cambió de manos y de nombre, al crear una sociedad mercantil titulada Pongesur: ‘rara avis’ constituida por el Ayuntamiento con capital íntegramente municipal para la gestión directa de servicio público urbanístico, tanto en La Rosaleda como en cualquier otro lugar de la ciudad, pero sin embargo de naturaleza privada, capital público y directiva política interpuesta torticeramente para eludir el control funcionarial y político. De este modo el anterior PAU1 pasó a llamarse La Rosaleda, y, en las setenta hectáreas, donde según la ley cabían menos de tres mil viviendas se incrustaron alrededor de cinco mil, con el consiguiente apaño de reducir espacios públicos y otras obligaciones legales. El caso es que este lío terminó en los tribunales de justicia, donde sigue dormitando, esperando la mano que diga “levántate y anda“. Así se vendió suelo urbano, no se sabe bien si por el Ayuntamiento, auténtico propietario de patrimonio público, o mediante ese maquiavélico invento instrumental llamado Pongesur de naturaleza privada. El resultado ha sido opacidad de gestión, información privilegiada y probable utilización fraudulenta de la doctrina mercantil, tanto en La Rosaleda como en cualquier otro espacio de la ciudad. Estas son las espinas largas y duras de La Rosaleda, verdaderas responsables de la crisis en Ponferrada.
Primero, con los socialistas en el gobierno municipal, se llamó PAU1. Luego, Sector 3 y en seguida empezaron a negociar con Caja España, (por entonces se llamaba de otra manera y era la propietaria). Debido a complicados y oscuros manejos financieros el plan entre unos y otros era construir cerca de tres mil viviendas además de los Sistemas Generales obligatorios y del suelo que quedaría de propiedad municipal con destino a viviendas VPO. Pero no contaban que el juego electoral iba a cambiar planes y destino entre la entidad financiera y la política. En ese momento inicial de la oscura historia del PAU1, la todavía oposición del PP cuestionaba los planes del PSOE, manifestando a grito pelado que ese desarrollo urbanístico sería la ruina de Ponferrada y de su pequeño comercio tradicional. Por unos motivos u otros el asunto quedó varios meses en barbecho, hasta que de pronto, y contra todo pronóstico el que era total enemigo del proyecto, pasó a ser su ardiente defensor, ya con otro alcalde y otro equipo afín a sus tesis. El caso es que para desarrollarlo con total rentabilidad financiera, la propiedad del suelo, por arte de magia, cambió de manos y de nombre, al crear una sociedad mercantil titulada Pongesur: ‘rara avis’ constituida por el Ayuntamiento con capital íntegramente municipal para la gestión directa de servicio público urbanístico, tanto en La Rosaleda como en cualquier otro lugar de la ciudad, pero sin embargo de naturaleza privada, capital público y directiva política interpuesta torticeramente para eludir el control funcionarial y político. De este modo el anterior PAU1 pasó a llamarse La Rosaleda, y, en las setenta hectáreas, donde según la ley cabían menos de tres mil viviendas se incrustaron alrededor de cinco mil, con el consiguiente apaño de reducir espacios públicos y otras obligaciones legales. El caso es que este lío terminó en los tribunales de justicia, donde sigue dormitando, esperando la mano que diga “levántate y anda“. Así se vendió suelo urbano, no se sabe bien si por el Ayuntamiento, auténtico propietario de patrimonio público, o mediante ese maquiavélico invento instrumental llamado Pongesur de naturaleza privada. El resultado ha sido opacidad de gestión, información privilegiada y probable utilización fraudulenta de la doctrina mercantil, tanto en La Rosaleda como en cualquier otro espacio de la ciudad. Estas son las espinas largas y duras de La Rosaleda, verdaderas responsables de la crisis en Ponferrada.
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